Xavier Caño Tamayo, miembro de la plataforma contra la privatización de Bankia y de IU

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo se han quejado insistentemente de que no avanza la privatización de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), propiedad del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Ahora el ministerio de Economía pretende fusionar ambos bancos para venderlos mejor, porque realmente no cejan en querer privatizarlos. De consumarse esa fusión de ambos bancos, que aún tardaría unos cuantos meses o incluso un año, la Bankia resultante se convertiría en el cuarto banco de España por volumen de activos, superando al Banco de Sabadell. La nueva entidad dispondría de unas 2.500 oficinas y su plantilla sería de algo más de 17.000 trabajadores.

Pero esa voluntad de vender Bankia y BMN persiste cuando ya no se puede ocultar la escasa rentabilidad de la banca privada. Esa situación, sin pinta de superarse que amenaza con ser estructural, anuncia que la venta de Bankia y BMN a intereses privados, incluso fusionadas ambas entidades financieras, supondrá perder muy buena parte del dinero público entregado para salvar ambos bancos.

No olvidemos que las privatizaciones bancarias hasta ahora perpetradas en España no indican en absoluto que se recuperen las cantidades que el Estado ha dedicado a rescatar y sanear cajas de ahorros y bancos. Para muestra, la venta de Novagalicia Banco, formado con la fusión de Caixa Galicia y Caixanova. Ese banco de nuevo cuño fue rescatado con 9.000 millones de euros de ayudas públicas y, ya saneado, se vendió al grupo financiero venezolano Banesco por 1.003 millones de euros. En el supuesto de estar de acuerdo con la privatización para recuperar fondos aportados, resultados así invitan a olvidarse de privatizar por ser un pésimo negocio. Porque en verdad privatizar las entidades financieras nacionalizadas supondría perder la mayor parte de los 40.000 millones de ayudas públicas. Por más que insistan, ese dinero no se recuperará al privatizar.

Razón de mucho mayor peso no es la segura mala venta de Bankia y BMN, sino la necesidad objetiva de una banca como servicio público. Una banca pública que garantice el ahorro de la gente, gestione pagos y cobros, facilite el consumo, financie a pequeñas, medianas empresas y familias y financie la vivienda social en alquiler. Pero todo eso no lo garantiza la banca privada, cuyo fin prioritario es el beneficio de los accionistas y los desmesurados ingresos de sus ejecutivos y consejeros. Todo eso se consigue con la banca pública.

En Europa hay una banca pública sólida y en España la hubo hasta que los social-liberales del PSOE la vendieron a intereses privados prácticamente a precio de saldo. Urge volver a disponer de una banca pública, sobre todo en la actual situación de inestabilidad e incertidumbre económicas en la que los autobombos de gobierno y voceros de la clase dominante no logran ocultar la precariedad generalizada y el aumento alarmante de la desigualdad.

La ciudadanía necesita una banca pública gestionada profesionalmente, sin injerencias políticas torticeras, sin retribuciones indecentes de ejecutivos y consejeros, con un auténtico control democrático, claramente establecido y reglamentado, transparente y con participación ciudadana.

Esa banca pública ha de prestar los servicios financieros del Estado que la ciudadanía necesita con menor coste que el de la banca privada. Debe garantizar las inversiones útiles para el conjunto de la ciudadanía y no ha de tener nada que ver con paraísos fiscales ni con especulación financiera sin relación con la economía real, además de rechazar cualquier propuesta o proyecto que no sea sostenible. Banca pública con una política social que dedique al alquiler social las viviendas que ambos bancos poseen y contribuya así a ser realidad el derecho a vivienda digna y adecuada.

El gobierno del Partido Popular, sin debate alguno y con la excusa de recuperar parte de lo entregado a la banca nacionalizada, amenaza con privatizar lo que es de todas y todos, pero, por todo lo expuesto, hay que impedir que se venda ni una sola acción de Bankia y BMN.