Jorge Martínez Crespo

Artículo publicado en Cuartopoder

El pasado viernes 21 de abril, en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, se organizó una jornada de debate sobre la energía nuclear. Tema recurrente que, como el Guadiana, desaparece y emerge en el debate político y que ha vuelvo a cobrar especial relevancia en la actual agenda como consecuencia, fundamentalmente, de tres factores: la “previsible” reapertura de la central de Garoña −tras el inverosímil informe favorable del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) y la autorización de apertura del gobierno−; el calendario previsto de cierre del resto de centrales del parque de generación español tras 40 años de vida útil y la apertura de la mina de uranio a cielo abierto en el municipio salmantino de Retortillo (merecería un capítulo de análisis propio). Es importante resaltar que las licencias de funcionamiento de 40 años de todas las centrales nucleares concluyen durante los años 2020 y 2021 (salvo Trillo que termina en noviembre de 2024), de ahí la oportunidad del debate. Las empresas explotadoras de las centrales solicitarán la renovación de la licencia en fechas próximas y se tendrá que decidir en esta legislatura la prórroga de ese período de actividad, algo que solo apoya de forma nítida y clara el PP.

Enmarcados en este contexto, el primer debate de la Jornada del Congreso de los Diputados me generó una sensación de “déjà vu”. Veintitrés años han transcurrido ya desde aquella otra jornada sobre el Plan Energético Nacional en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSIIM), en la que fui partícipe, como estudiante coorganizador de la jornada, de una sesión que terminó convirtiéndose en un acalorado debate sobre la energía nuclear. Un debate con similares actores, el Foro Nuclear (presente en ambas) y ora, el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) −representado por su portavoz Paco Castejón, miembro de Ecologistas en Acción−, entonces IU-Aedenat, en la persona de mi admirado y añorado Ladislao Martínez (Ladis), que como entonces responsable federal de Medio Ambiente de IU había elaborado junto al movimiento ecologista el Plan Energético Alternativo. La sesión de la ETSIIM se convirtió, pese a su pretensión inicial, en un monográfico sobre la energía nuclear, articulado en torno a cuestiones recurrentes como la seguridad de las centrales, la gestión y alternativas de almacenamiento de los residuos nucleares (AGP, ATI, ATP), la pervivencia en el mix energético de la energía nuclear, el coste real de la misma, la entonces vigente moratoria nuclear… Temas que, como pudimos comprobar las personas asistentes a la jornada del Congreso, en su mayoría perviven en el debate actual, y que, como los residuos nucleares, muy probable y lamentablemente subsistirán décadas, siglos o incluso milenios, tras el ignominioso legado de nuestra generación. Cabe subrayar en este aspecto que, por increíble que parezca y si la investigación y tecnología futura no lo remedia, la vida de los residuos nucleares de nuestras centrales se prolongará durante unos 250.000 años, algo más de 50.000 años el período estimado de existencia del “homo sapiens” sobre la faz de la Tierra. Pareciera que no han pasado los años para aquellos que, como quien escribe, derivamos nuestro activismo y trabajo profesional por otros derroteros un tanto ajenos a la energía nuclear, pero que nos vemos de nuevo embarcados en la lucha contra el gigante nuclear y enfrentándonos a un debate argumental que no ha variado sus postulados.

Déjà vu, sí, pero desde aquel invierno de 1994 han ocurrido hechos que deberían haber contribuido al entierro definitivo de la energía nuclear. Si en las jornadas de la ETSIIM nos encontrábamos a apenas 8 años del terrible accidente nuclear de Chernóbil, el más grave de la historia, hoy nos hallamos a escasos 6 años del accidente de Fukushima. Harrisburg -Three Mile Island- (1979), Chernóbil (1986), Fukushima (2011), sucesión de graves accidentes que conllevan un espantoso drama humano y echan por tierra el argumentario de la invulnerable seguridad de las centrales nucleares. El accidente en un país tan tecnológicamente avanzado como Japón puso en jaque la denominada redundancia en la seguridad nuclear, esa que en teoría eleva la probabilidad de un accidente nuclear a miles de años pero que la tozuda realidad convierte en apenas un par de décadas. Muchos creímos, quizás ingenuamente, que la catástrofe de Fukushima y el subsiguiente abandono de la energía nuclear de Alemania, supondría la puntilla definitiva a la energía nuclear. Pero el poderoso lobby nuclear se resiste y hace que persista, aunque debilitada, la apuesta por un modelo en el que la energía nuclear siga siendo considerada como un vector más del mix energético. Siempre hay justificaciones para el lobby, incluso argumentos torticeros e interesados como su supuesta aportación a la reducción de emisiones de CO2. Y así, una vez tras otra y frente a toda racionalidad y ética humana, logran, ya sea el compromiso de determinados gobiernos en la construcción de nuevos reactores o la prórroga del periodo de funcionamiento de las centrales, aún a riesgo de incrementar las probabilidades de un nuevo accidente nuclear.

Y es que siempre nos encontramos ante la misma realidad, el negocio por encima de cualquier consideración. En el caso español, son los actores fundamentales del oligopolio eléctrico (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa) los que presionan para la prolongación de la vida útil a 50 o 60 años. Y los mismos actores políticos, los de las puertas giratorias, los que avalan esa prórroga. La energía nuclear es cara, muy cara, a pesar de lo que indican sus defensores que “juegan” a no internalizar todos los costes del proceso; eso sí, no hay mayor negocio que prolongar la vida útil de unas centrales ya amortizadas y con bajos costes de producción. De ahí el actual pulso para prolongar el funcionamiento lo más posible, cambiando la reglamentación si hace falta, como se ha hecho con la central de Garoña.

En un momento en el que debate energético debería transcurrir por la inexorable transición a un modelo 100% renovables, las eléctricas continúan a lo suyo. Esas mismas empresas que siguen cortando el suministro eléctrico a hogares en situación de “pobreza energética” −problema que afecta a más de 5 millones de personas−, y que ganaron más de 5.000 millones en el año 2.016. Esas que a través del presidente de Iberdrola amenazan con un “apagón nuclear” si no se reduce su fiscalidad. Grotesca broma; nunca tienen suficiente.

Pocas imágenes tan icónicas como ese sol que ríe característico del movimiento internacional antinuclear. Ese sol que volverá a desfilar por las calles de Madrid el próximo sábado 10 de junio, fecha en la que el Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forma parte Izquierda Unida, convoca una jornada de movilización en Madrid como respuesta a la complicidad y servidumbre del gobierno estatal ante las grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares. Jornada a la que llamamos a participar a toda la ciudadanía y en la que volveremos a gritar y rescatar ese viejo lema: “¿Nuclear? No, gracias”.

La Tierra y su astro, el Sol, más pronto que tarde volverán a reír.