Sobre el acuerdo presupuestario Gobierno-Unidos Podemos

Jordi Escuer y Alberto Arregui[1]
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Rebelión

La mayor cualidad de un prestidigitador es distraer la atención del público hacia algo intrascendente, mientras su truco de magia se realiza en otro punto creando así una ilusión. El pacto presupuestario es la gran jugada de Pedro Sánchez, una vez alcanzado el acuerdo con Unidos Podemos, ha creado la ilusión y gana, en cualquier caso, salgan o no adelante en las Cortes.

Si se aprueban los presupuestos, deja descolocada a la derecha, y a las formaciones a su izquierda eclipsadas; gana un margen antes del inevitable desgaste y, además, ha conseguido dejar de lado las polémicas que le molestaban.

A esto se debe añadir que fuerza al nacionalismo catalán a un mal terreno de juego pues, si rechazan los presupuestos, se ahonda el nacionalismo español, que no puede empatizar con la situación de represión de los derechos democráticos del pueblo catalán.

Si los presupuestos son derrotados, UP no podrá rentabilizarlo, porque el protagonista es Sánchez. Debido a la ausencia total de movilización, no se puede ver como una conquista, sino como la buena voluntad del gobierno.

 

La derecha con el paso cambiado

Los partidos de la derecha han quedado con parte de sus vergüenzas al aire, pues no pueden envolver en la bandera monárquica el rechazo a la subida del SMI o la revalorización de las pensiones. Si, finalmente, el presupuesto fuera rechazado, sería la ocasión de oro para convocar elecciones y sacar la máxima rentabilidad.

La reacción de la derecha es fácilmente explicable. Estaban marcando el ritmo de acoso al gobierno y este empujón casi les saca de la carretera. La patronal se ha llevado una sorpresa, pues no esperaban esta maniobra populista del PSOE, y les parece que “regala” el dinero “de ellos”, ya que no ha existido presión en la calle, movilizaciones y huelgas, por lo que la derecha económica no puede entender estas concesiones. Ya que siempre existe el riesgo de que estimule otras exigencias de derechos sociales.

Pero la clave está en las “clases medias”. La subida del SMI exaspera a los pequeños propietarios, autónomos, tenderos, taxistas… pues no es gasto público sino privado, y genera un caldo de cultivo para la agitación demagógica de los esclavistas del PP y Cs.

No cabe duda de que uno de los mayores errores y deficiencias del acuerdo es no haber hecho extensivo el mínimo de 900 euros a las pensiones, demostrando que el gasto público asume el mismo esfuerzo que la empresa privada.

No sólo eso, además de los pensionistas, el desempleo es otro de los azotes de este sistema, con lo que no se entiende que no se considere también los 900 euros como la percepción mínima por desempleo, si se considera el límite mínimo para un salario igual que debiera serlo para una pensión.

Las medidas que afectan a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no resuelven el problema habitacional. Sin embargo, son suficientes para provocar cabreo en los pequeños propietarios que alquilan viviendas y tienen mentalidad de “clase media”, y son de nuevo fácil presa de la demagogia del PP y Cs.

Si la derecha está furibunda es también por un factor nuevo: una lucha a tres bandas por el dominio del tablero político. Ven crecer a Vox a un lado, y luchan, al tiempo, entre PP Y Cs por la hegemonía. El supremacismo españolista les ha dado resultados, y ahora trasladan ese esquema reaccionario y populista a toda la política, especialmente a su ataque al gobierno del PSOE. Si el argumento de que “vamos por el buen camino porque la derecha nos ataca” fuese una verificación de una política correcta, tendríamos que hacernos todos del partido de Puigdemont.

 

La magnitud real del acuerdo

A la clase trabajadora le beneficia que se aumente el SMI a 900 euros, que se incremente el dinero que se aporta a la ley de dependencia o que mantenga el poder adquisitivo de las pensiones. Todo es bienvenido, como cualquier mejora lograda en un convenio o tras una movilización vecinal.

Pero no debemos olvidar que aumentar el SMI a 900 euros, si se mantiene la mayoría de la actual legislación, en la medida que no se derogan las contrarreformas laborales ni la ley mordaza, pueden ser sorteadas en la práctica, pues es una medida que afecta a los estratos de la clase trabajadora con menos derechos, que ya están siendo especialmente explotados. A los empresarios les bastará con reducir las horas de trabajo para no aplicar esa medida y eso no se va a resolver con más inspectores laborales, no podemos ser cándidos. Es el problema de hacer las cosas a medias: cabreas a la burguesía, pero no resuelves el problema a los trabajadores.

El aumento del gasto público es modesto, a pesar de los exabruptos de la derecha, alrededor de unos 5.000 millones de euros. La cuantía mayor es la que corresponde a la actualización de las pensiones (704 millones) conforme al aumento del IPC, seguida del gasto en vivienda social (630), la ayuda a la dependencia (515), Rehabilitación de vivienda (400) o el alza de las pensiones mínimas (384).

¿Cómo podemos calibrar su importancia? Unos cuantos ejemplos nos permitirán ver la cortedad de la mayoría de los cambios acordados. Si la pensión contributiva mínima está en 638 euros mensuales, y afecta a 2,4 millones de personas, la subida del 3% suponen casi 20 euros más al mes. A ese ritmo, se alcanzaría el nivel del SMI aprobado (900 euros) en 13 años.

La recuperación subsidio para mayores de 52 años supondrá 324 millones. Esa cifra permitiría pagarle durante un año los 430 euros mensuales a 62.000 personas. Pero hay más de tres millones de desempleados, la tasa de cobertura nos indica que casi la mitad no tiene ninguna ayuda, y 1 millón y medio son parados de larga duración[2].

En educación infantil pública, los 330 millones de euros previstos, permitirían construir unas 100 escuelas infantiles en todo el Estado (suponiendo que ese dinero se dedicase a esa finalidad concreta). Si tenemos en cuenta que la mayoría de los niños de 0 a 3 años no está escolarizada y que, de los que sí lo están, la amplia mayoría lo está en escuelas privadas[3], es fácil ver que estamos hablando de una gota en el mar.

En materia de vivienda, 400 millones de euros más hasta alcanzar los 630 en 2019, los 700 en 2020 y los 1.000 en 2021. Puede parecer mucho, pero veámoslo en términos concretos: si todo se invirtiese en construir vivienda social en alquiler se podría en marcha la edificación de 7.400 viviendas en 2019, 8.200 en 2020 y 11.700 en 2021. De momento, lo único que hay sobre la mesa es lo de 2019, pero si se hiciese realidad ese plan, tendríamos 27.000 viviendas en todo el Estado en tres o cuatro años, siendo optimistas. Eso equivaldría al 0,1% del parque total de viviendas[4]. A ese ritmo hasta llegar al 20% de vivienda social en alquiler de los países más avanzados de Europa necesitaríamos siglos. El propio acuerdo afirma que habría que llegar a un gasto equivalente al 1,5% del PIB (15.000 millones) en ¡10 años!

Por supuesto, es positivo que haya propuesto modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para que se prolonguen los contratos y que se le vayan a dar competencias a los Ayuntamientos para regular los alquileres, pero lo decisivo es tener un parque público en alquiler social de tamaño suficiente para atender las necesidades. Sin él, aunque se les concedan a los ayuntamientos competencias, la capacidad real de imponer las medidas será muy escasa.

En Sanidad ni siquiera se ponen cifras ¿cuánto más se invertirá? ¿cuánto crecerán las plantillas? En Sanidad el recorte de los años pasados ascendió a 9.600 euros y la destrucción de 28.000 puestos de trabajo ¿Se va a revertir? ¿En cuánto tiempo?[5]

Las medidas que suponen cambios legislativos positivos, aunque supongan una renuncia a derogar íntegramente las leyes, tendrán ahora un difícil trámite en el Parlamento, puesto que el PP controla la mesa del Congreso y ya ha demostrado su capacidad para boicotear, en colaboración con Ciudadanos, dicho trámite.

 

El Gobierno no ha cambiado de política

¿Debemos hacernos ilusiones en que el Gobierno del PSOE va a ir resolviendo nuestros problemas? ¿Es cuestión de ir empujándole? ¿Hay un giro real en la política de recortes? El gobierno de Pedro Sánchez está atado a los límites que le marca la Unión Europea —y, en definitiva, la economía de mercado, el capitalismo—. Está usando el margen que tiene, tras años de recortes en los derechos de los trabajadores, y aprovechando que todavía estamos en un momento de crecimiento en el ciclo económico. De hecho, la desaceleración que ya el propio Gobierno cuantifica, nos avisa de que cada vez habrá menor margen para concesiones. Ni hablemos de ellas ya cuando estemos en recesión.

Por supuesto, después de años en que las grandes empresas han vivido en un auténtico paraíso fiscal, que se les apriete un poco las tuercas con los impuestos, no les hace ninguna gracia y van a usar todo su poder para que estas medidas no se apliquen o se reviertan.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene intención ninguna de romper con las reglas del juego. En el informe presupuestario remitido a Bruselas, se compromete a que el gasto público crezca por debajo de lo que lo haga la economía, lo cual choca directamente con la idea de desarrollar unos servicios públicos suficientes para las necesidades es reales[6]. Es decir, pretenden usar una buena parte de lo que mejoren los ingresos, por las modificaciones fiscales y por el crecimiento económico, para reducir la deuda y peso del gasto público en la economía.

Un dato relevante: el techo de gasto planteado en Bruselas para la Administración Central es de 125.064 millones, unos 5.000 millones más que el que pretendía aplicar el PP, una cantidad que coincide con la que se prevé aumentar el gasto en 2019 a raíz del acuerdo con UP. Hace tres meses, IU afirmaba que ese incremento “no era aceptable”[7]:“Valoramos que haya 5.230 millones de euros más para políticas públicas, pero es absolutamente insuficiente para hacer frente al déficit social y a las necesidades puestas de manifiesto por Izquierda Unida en el debate presupuestario de este año y en toda la década anterior. No nos pueden convencer de que hay un cambio real de política mientras se nos sirve el mismo plato con idéntica cantidad de comida, aunque, eso sí, lo trae un camarero vestido con un traje de color diferente. Hay que recordar que una posición similar (la de un incremento muy superior del gasto público) la defendía el PSOE hasta el triunfo de la moción de censura”.

 

No hay que hacer de la necesidad virtud

¿Qué ha cambiado para que se diga que hoy estamos ante un punto de partida para la reversión de las políticas de recortes? En la medida de que UP no tiene fuerza suficiente, es inevitable llegar a un acuerdo lo mejor posible con el Gobierno del PSOE, pero es un error edulcorar la realidad. El propio acuerdo hace un lavado de cara al PSOE al endosarle los recortes al PP[8], cuando fue el gobierno de Rodríguez Zapatero quien empezó a aplicarlos, porque carecían y carecen de alternativa. Eso es lo que hay que explicar y no sembrar esperanzas en un gobierno de coalición, como hace la dirección de Podemos.

Los dirigentes del PSOE no pueden dar un giro real en su política porque, aunque hayan desplazado a la vieja guardia, están comprometidos con el régimen y con el sistema social hasta la médula, como han demostrado en relación con lo sucedido en Catalunya y en su actitud hacia la gran patronal y la UE.

Su situación es muy difícil y no quieren acabar como el PASOK griego o el Partido Socialista francés, y tratan de emular a su partido hermano de Portugal. Entre otros motivos, porque la única posibilidad de gobernar es con el apoyo de Unidos Podemos.

Si le sale bien, esperan recoger réditos suficientes para cosechar una victoria electoral que le permita formar gobierno en una posición más fuerte. De hecho, eso es lo que está sucediendo en Portugal, que el PSP está fortaleciéndose ante la falta de alternativa. Los ataques salvajes del PP y Cs le ayudan a fraguar esa imagen de un gobierno de izquierdas, que necesitan para movilizar a su electorado potencial.

Unidos Podemos no debería contribuir a ello, pero el partido que encabeza Pablo Iglesias tiene por perspectiva, prolongar esta legislatura hasta el final y, antes o después, acabar formando un gobierno de coalición con el PSOE. Para este viaje, no hacían falta alforjas.

 

La misma lucha: el pan y la libertad

Pablo Iglesias ha reclamado a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que no utilice a los “presos independentistas” como “moneda de cambio” para el apoyo de los presupuestos, y explica que no es muy sensato plantear que el Gobierno interfiera en la actuación de la fiscalía. Ha habido una gran judicialización de la política; los jueces han sufrido enormes presiones. Esas presiones hay que denunciarlas, no pedir más en otra dirección”[9].

Es un error separar las reivindicaciones democráticas de las sociales. Esta perspectiva, además de suponer una negación del carácter dialéctico de la realidad, que hace inseparable lo uno de lo otro, supone aceptar las reglas, quizá debiéramos decir “trampa”, del adversario. La ley mordaza, los presos políticos, el comportamiento de la judicatura y del aparato represivo policiaco del Estado… son inseparables de la lucha de clases. Es decir, que la lucha por lo que es justo no se dirime en dos campos de batalla distintos, sino en uno común donde nos jugamos el pan y la libertad. ¡Qué casualidad, es la derecha y su ala filofascista en particular, quien más insiste en separar mejoras sociales y libertades, incluso llegan a contraponerlas! Hemos entrado por una pendiente resbaladiza.

¡Pensemos un momento! Con Pablo Iglesias, Ione Belarra, Alberto Garzón, Yolanda Díaz, por ejemplo, en la cárcel, después de haber encabezado en Madrid una manifestación por la República con un millón de personas, ¿estaría Unidos Podemos haciendo esta política de negociación “buenrollista” con el gobierno del PSOE? ¡Ni siquiera se hubiese sentado a negociar sin un acuerdo previo que garantizase la libertad de los dirigentes!

Aparece aquí el españolismo de la dirección de Unidos Podemos, y nos quieren llevar a un falso dilema, el sempiterno “dilema de Wyoming”: elegir entre que nos corten una pierna o dos. La propia IU se ha metido en una trampa, para ser “oposición influyente y exigente”, como diría Llamazares.

La postura de Podemos, al menos, tiene una lógica, la de llegar al gobierno compartiendo programa y gestión con el PSOE, pero IU queda atrapada quedándose a mitad de camino, una vez más, sin voz para defender una alternativa que la diferencie. Si va a seguir actuando así, sería mejor ser el ala izquierda de Podemos.

Cuando se llega a un acuerdo de este tipo no sólo cuenta la letra del acuerdo, esa sería una visión estrecha de la realidad. La lucha previa (en este caso inexistente), la correlación de fuerzas, las alternativas e incluso las formas en la negociación y la valoración de los resultados pueden ser determinantes para su repercusión en la situación política.

Lo peor de los Pactos de la Moncloa, el mayor pacto social que hemos vivido desde la Transición, no fue el contenido, fue su significado, el mensaje implícito de “todos vamos en el mismo barco” y, sobre todo el engaño que suponía. Los dirigentes del PCE, que fueron quienes mayor empeño pusieron en el pacto social, lo vistieron de rosa, con un lacito de regalo. Carrillo llegó a decir “con este acuerdo saldremos de la crisis en 18 meses”. En su lugar vino una nueva crisis, el paro masivo y la reconversión industrial. Los Pactos de la Moncloa fueron respaldados por CCOO y rechazados por UGT, en un primer momento, debido a la fuerte contestación en las filas del sindicato. Y se convirtieron en el pasillo hacia el pacto constitucional, es decir, un pilar del régimen del 78.

No lo explicamos para decir que se trate de lo mismo, existen muchas diferencias, pero es imprescindible comprender dos cosas: que un pacto tiene muchas más consecuencias que las que se derivan de la lectura de la letra, y que un pacto social es siempre, más o menos disimulado, un acuerdo de paz con el adversario; hoy aparecemos como los colegas de Pedro Sánchez, difícilmente ese ambiente va a propiciar la lucha que necesitamos. Lo hemos vivido en los ayuntamientos del cambio: la institucionalización ha propiciado la renuncia a la movilización en muchos de quienes han ocupado los gobiernos consistoriales.

Una vuelta más en la tuerca que atornilla la institucionalización de la izquierda y devalúa su auténtico capital: la movilización.

 

¿Quién defiende una alternativa socialista?

El debate de los presupuestos debería haber sacado a la luz una alternativa. Una reforma fiscal, por muy necesaria que sea, no basta para resolver los problemas que arrastramos: ¿Alguien puede garantizar que se va a recaudar lo que prevé el acuerdo? Y, aunque se lograse, es totalmente insuficiente. Al final, las fuerzas productivas están en manos privadas y sus decisiones de inversión se toman en los consejos de administración, y están determinadas por la rentabilidad. Y, si olvidamos eso, fomentamos ilusiones en las políticas reformistas que, más tarde o más temprano, nos conducen al mismo atolladero al que nos llevaron González, Zapatero, Jospin, Holland… o Tsipras.

Unidos Podemos, o al menos IU, debería haber puesto sobre la mesa las necesidades reales y las reivindicaciones consecuentes, empezando por la más básica: no puede haber ninguna persona sin un trabajo decente o, mientras eso no sea posible, un subsidio de desempleo que le permita vivir dignamente. Eso implica que no se puede dejar la creación de empleo en manos privadas, sino que hace falta un desarrollo masivo del sector público, además de una reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, que permita repartir el empleo.

Además, esa es la única manera de hacer viable el sistema público de pensiones y de dignificarlas, lograr la creación de empleo estable y bien pagado, que cree riqueza social.

Por supuesto, no estamos hablando del sector público al que estamos habituados —burocrático y gestionado para beneficiar a la gran empresa privada—, sino democratizado y gestionado para atender las necesidades sociales y protegiendo el medio natural. Estamos hablando de planificación democrática, cooperación, descentralización, en lugar de competencia y mercado.

El fracaso de la experiencia de la Unión Soviética ha dejado a la izquierda desarmada, sin alternativa. Y esa es su mayor debilidad, haberse quedado sin alternativa al capitalismo, justo cuando este sistema está viviendo la mayor crisis de su historia.

Hay que cambiar completamente de punto de vista, es la única forma de darle una salida a esta situación. El problema se llama capitalismo. No es cierto que el sector público no cree riqueza, sino que en un caso ésta va a manos públicas y en el otro a manos privadas. Y esa es la cuestión. El desarrollo del sector público choca con la rentabilidad de la gran empresa privada. Si hay un servicio público de vivienda, con un amplio patrimonio de vivienda social en alquiler, el negocio de la vivienda sería imposible. Una vivienda pública o una privada cumplen igual de bien su función, su valor de uso. Pero una permite hacerse obtener ganancias a una empresa privada y otra no. Igual sucede si la Sanidad pública funcionase bien y a pleno rendimiento, la Educación, la dependencia…

Pero, exactamente lo mismo pasaría con la economía productiva. Desde el sector público se podría producir energía, transporte, comunicación, paneles solares, vehículos, obra civil… todo lo que sólo es viable producir a gran escala y que, por cierto, determina cuál es el modelo productivo de una sociedad. Pero eso implicaría una defensa cotidiana de la nacionalización de los sectores estratégicos, explicar la necesidad de cambiar el modo de producción, las relaciones de propiedad.

Es más, la forma de abordar la deuda cambiaría radicalmente. Ésta actúa como una espada de Damocles que condiciona toda la política económica y social: la prioridad es el pago de la deuda. Sin embargo, la deuda sólo puede pagarse a costa de una mayor explotación de la clase trabajadora. Su peso se sentirá especialmente cuando nos enfrentemos a una nueva recesión, pues limitará drásticamente la capacidad de sector público para paliar sus consecuencias y obligará a un nuevo rescate bancario y a más recortes profundos del gasto social. Acabar con el lastre de la deuda pasa por una moratoria, una auditoría y un impago de buena parte de ella. Eso solo se puede hacer si va unido a la nacionalización de la banca y de los sectores clave de la economía productiva. Es el único camino que permitiría que sanear la deuda a costa de los que más tienen, y no de los más débiles, como ha pasado hasta ahora.

Si partiésemos de ese programa la propuesta de presupuestos sería radicalmente distinta, orientada a desarrollar un amplio sector público, muy distinto del actual. No cabe duda de que el PSOE la hubiera rechazado, pero, al menos, permitiría preparar a la clase trabajadora para lo que está por venir.

Ahora nos toca exigir al gobierno socialista que cumpla lo acordado, y pelear por todo lo que le falta. Nada nuevo: movilizarnos. Pero, además, la izquierda transformadora debe construir un programa para transformar la sociedad y defenderlo. Si cada vez somos más los que nos empeñamos en esa tarea, lo lograremos.

 

[1]Jordi Escuer es miembro de la Coordinadora de IU Madrid y Alberto Arregui de la Coordinadora Federal de IU. Ambos son promotores del Manifiesto por el socialismo

[2]El paro registrado, en septiembre de este año, ascendía a: 3.202.509. Según la Encuesta de Población Activa, en el segundo trimestre (junio) de este año, era de 3.490.100. La tasa media de cobertura del paro registrado en 2017 era del 56%.

[3]La odisea de encontrar plaza en la guardería pública: “Se solicita antes de que nazcan”

[4]España necesita 1,5 millones de viviendas públicas para alquiler social, según la Fundación Alternativas

https://www.eldiario.es/economia/vivienda_protegida-Fundacion_Alternativas-hogares-desequilibrio_0_766423429.html

[5]“Desde la crisis, la Sanidad pública ha perdido cerca de 28.000 empleos”

[6]“La estrategia fiscal para el conjunto de AAPP en el escenario “policy change” consiste en aumentar la ratio de ingresos públicos sobre PIB desde el 38,5 % del 2018 al 39,1 % del PIB en 2019, y una ratio de gasto decreciente en 0,3 puntos de PIB, desde el 41,2 % del PIB de 2018 al 40,9% en 2019”. (Plan Presupuestario 2019, 15 de octubre de 2018, página 17)

[7]“No es algo aceptable desde nuestro punto de vista. Más aún si lo comparamos en términos de riqueza nacional ya que el % sobre PIB que supondrá el techo de gasto en 2019 se quedará en el 10,22% que es inferior al que fijó en 2016 el PP y ligerísimamente superior al de 2017”. Argumentario sobre el techo de gasto y los objetivos de estabilidad, Equipo de Políticas Económicas de Izquierda Unida, 26 de julio de 2018.

[8]“Después de 7 años de recortes y asfixia de los Gobiernos de Partido Popular, nuestro país ha retrocedido en igualdad de oportunidades, en cohesión social, en libertades y derechos, en calidad democrática y en convivencia”. Acuerdo de presupuestos generales del Estado 2019: Presupuestos para un Estado social.

[9]https://www.elperiodico.com/es/politica/20181016/pablo-iglesias-erc-utilizacion-presos-independentistas-moneda-cambio-presupuestos-7092862