Jon Rodríguez
Responsable de IU Oriente Medio y Magreb

Artículo publicado en Público

En la frontera terrestre que separa a la Unión Europea (UE) del Reino de Marruecos, en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, se da la mayor desigualdad económica de todo el planeta. Esta frontera Sur es, además, un lugar estratégico para las nefastas políticas migratorias y de seguridad de la UE y ha sido utilizado desde los años noventa por las autoridades comunitarias como laboratorio de pruebas para desarrollar el modelo de externalización de fronteras que hoy está implantando la UE de forma generalizada.

Pese a la importancia de esta zona, solemos mirar y analizar con escasa frecuencia, lo que ocurre en Marruecos. En los últimos años se ha producido un cambio fundamental en la sociedad de un país que, más allá de las poderosas centrales sindicales, adolecía de movimientos sociales y una izquierda fuerte desde que, en plena Guerra Fría, el rey Hassan II convirtiera en norma el terrorismo de Estado contra cualquier tipo de oposición.

La persecución y la represión, en forma de detenciones y asesinatos extrajudiciales, vivió su época más virulenta durante las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, en un periodo que se conoce como los Años de Plomo. Con el inestimable apoyo de las potencias occidentales, las fuerzas marroquíes reprimieron cualquier protesta pacífica que exigiera justicia social o cuestionara una monarquía marcada por la corrupción. Pero estas voces acalladas volvieron a levantarse en el año 2011, a través del Movimiento 20 de febrero, que abrió y ha sido capaz de mantener un espacio que ha hecho que una parte significativa de la población marroquí haya tomado conciencia de sus derechos y de su capacidad de movilizarse para lograrlos.

El monarca, en un intento por blanquear su imagen introdujo pequeñas reformas para tratar de acabar con las críticas, pero los problemas de fondo seguían y siguen latentes y por eso en las últimas semanas han vuelto a estallar las protestas en el Rif, en el norte del país.

Como vimos en el inicio de las revueltas en Túnez que acabaron con el dictador Ben Alí, a veces, una persona víctima de los abusos policiales diarios consigue despertar una reacción colectiva contra los responsables de su muerte. En el caso tunecino, fue Mohamed Bouazizi, un pequeño vendedor de fruta que se prendió fuego después de que la Policía le requisara la mercancía en Sidi Bouzid. En el caso del Rif, hablamos de Mohssine Fikri.

Mohssine Fikri era un vendedor ambulante de pescado al que, el pasado mes de octubre, la Policía requisó el producto del que dependía todo su sustento y el de su familia. Murió tratando de rescatar la mercancía de un camión de basura, que lo trituró por orden policial. Desde entonces, no han parado de sucederse de forma periódica las manifestaciones en diferentes puntos del Rif con una participación que, en ocasiones, ha superado las 100.000 personas y que ha derivado en una completa militarización de la provincia de Alhucemas que se encuentra, precisamente, a mitad de camino entre Ceuta y Melilla.

Nos encontramos ante un ciclo de protestas motivadas por la falta de democracia, la brutalidad policial, la corrupción, la ausencia de servicios públicos y, principalmente, a la política impuesta desde Rabat basada en el pago a toda costa su deuda pública. El Reino de Marruecos, como otros tantos, ha decidido favorecer al gran capital extranjero en detrimento del tejido productivo local y está provocando así elevadísimas tasas de desempleo y forzando a miles personas a abandonar el país.

En estas mismas protestas, ahora localizadas en un territorio concreto como es el Rif, se reflejan las movilizaciones del Movimiento 20 de febrero. En pleno Ramadán, las manifestaciones no han parado de crecer mientras la comunidad internacional ha mirado hacia otro lado. Mientras, los poderes marroquíes han respondido con una oleada de detenciones, como ya hicieron durante los Años de Plomo. El objetivo final no es otro que descabezar al Movimiento, pero esta vez la población ha respondido con más fuerza.

Desde la detención de Nasser Zafzafi, líder del Movimiento Popular de Alhucemas, y de, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, hasta 37 dirigentes sociales más, la movilización no se ha frenado. Ha habido otras maniobras del régimen para desarticularlas, como la instrumentalización de la religión, acusando a los detenidos de haber interrumpido el sermón del viernes en una mezquita. Pero la población tiene demasiados motivos como para no creer las versiones oficiales.

No son sólo las décadas de corrupción, sino el abandono generalizado al que se ven sometidos los y las rifeños, entre los que las tasas de pobreza alcanzan cifras cercanas al 90%. En un Estado fuertemente centralizado como el marroquí, las regiones periféricas tienen una falta de empleo, servicios públicos e infraestructuras que son crónicos, y que, concretamente en la región del Rif, han facilitado una economía informal y extremadamente precaria, basada principalmente en el cultivo y tráfico del hachís, y en la actividad de las porteadoras que cruzan a diario a las ciudades de Ceuta y Melilla.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, a nadie puede sorprenderle el marcado carácter de clase de estas movilizaciones. A veces, en Occidente se tiende a presentar las demandas de los pueblos de Oriente Medio y el Norte de África de forma romántica, como si reclamaran una especie de dignidad abstracta. Sin embargo, en el centro de las demandas están medidas concretas como el acceso a servicios públicos o la instauración de un salario mínimo. Una serie de medidas de reparto de la riqueza que en Marruecos se concentra en las manos de unos pocos privilegiados que gravitan en torno a la dinastía alauí.

Además de esto, Marruecos se enfrenta a una situación internacional compleja. Siempre ha dependido de su complicidad con Estados Unidos, Francia y otros aliados, que conservan sus relaciones económicas neocoloniales, dado el aislamiento marroquí de los países vecinos que sí vivieron procesos revolucionarios de independencia de la metrópoli.

Pero ante la falta de cualquier tipo de libertades democráticas, Marruecos está cada día más cuestionado. La ocupación del Sáhara Occidental se mantiene desde hace más de cuarenta años y, a pesar de sus maniobras, la ONU mantiene una posición firme en defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui. Los niveles de represión contra los activistas saharauis en los territorios ocupados no paran de incrementarse y el juicio a los activistas de Gdeim Izik se ha pospuesto hasta en cuatro ocasiones para evitar el escrutinio de los observadores internacionales.

En un intento por acercarse a sus vecinos, Marruecos ha reingresado en la Unión Africana, lo que supone un reconocimiento tácito de las fronteras que son reconocidas por la comunidad internacional, es decir, del derecho a existir del Sáhara Occidental.

A Mohamed VI, por tanto, se le multiplican los frentes internos y externos, y la población marroquí no parece dispuesta a volver a agachar la cabeza. Vía Democrática, la organización de izquierdas marroquí que se ha enfrentado a décadas de represión por su defensa de la elección del jefe de Estado, la laicidad, y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, todo ello penado por las autoridades marroquíes, ha estado implicada en las movilizaciones desde el inicio de las mismas.

En el año 2019 se celebran elecciones municipales en Marruecos e inspirados por el éxito de las candidaturas de unidad popular en los municipios del Estado español, entre otros motivos, el Movimiento ha decidido impulsar y participar en este tipo de candidaturas, dando reflejo a las reivindicaciones de quienes estos días llenan las calles y las plazas de Alhucemas, Nador o Imzouren.

Esta forma de organizarse no es nueva. Ya ha ocurrido en diferentes momentos su historia, como en la lucha contra el imperialismo español en los años veinte, en la que llegó a instaurarse una República del Rif entre 1921 y 1926 – cuya bandera hemos vuelto a ver en las últimas movilizaciones-, o durante la Revuelta del Rif entre 1958 y 1959 contra la marginación del Estado marroquí.

Los rifeños y rifeñas vuelven a levantarse hoy. Y esta vez cuentan con la complicidad de la población de las grandes ciudades de la costa atlántica del país, que sufren también la política neoliberal y han protagonizado importantes protestas en los últimos años. Asimismo, con un escenario internacional en el que Marruecos encuentra crecientes dificultades.

Podría ser que esta vez la muerte de Mohssine Fikri no haya sido en vano y haya comenzado un movimiento que obligue a nuestro Estado vecino a abandonar la completa subordinación a los intereses económicos y militares europeos en la que vive y a convertirse en una verdadera democracia con derechos para todos y todas.