A 40 años de los comicios de 1977

Se cumplen ahora cuarenta años de la celebración de las primeras elecciones generales, que fueron convocadas desde el aparato del Estado intacto de la dictadura franquista, con el consenso del PCE, el PSOE y demás fuerzas políticas.

Aún estamos pagando las consecuencias de haber aceptado unas elecciones trucadas, una estafa democrática, que eran la consecuencia lógica de una Transición basada en la claudicación en pleno de las direcciones del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Obrero Español, que aceptaron cambiar de ropa al franquismo.

Eran unas elecciones decisivas por muchos motivos, desde luego porque su resultado podía poner en duda todo el entramado montado por eurocomunistas y socialdemócratas, pues una derrota del partido de Suárez podría abrir la mente de las masas a otro horizonte distinto a la resignación de sus dirigentes, que ya habían vendido todo el pescado en La Moncloa.

Pero además las Cortes a elegir eran constituyentes, algo de enorme trascendencia, pues con este truco del parlamentarismo burgués se pretendía, y se consiguió, adulterar el resultado de la lucha contra el franquismo. El plan de la burguesía, al que se plegaron en todos sus extremos el Comité Central del PCE y el Comité Federal del PSOE, era el de presentar la “llegada de la democracia” como una concesión de Su Graciosa Majestad, no como una conquista del pueblo. Convertir en ley lo que la dirección del PCE proclamaba: “la reconciliación nacional”. Enterrar la memoria, pero sólo la memoria de la lucha por el socialismo, la tierra y la libertad, mientras el “valle de los caídos” seguiría iluminando los pasos del régimen. Mantener a los torturadores del fascismo, a los jueces que nos condenaban, a los enseñantes que engañaban, a los curas que predicaban el nacional catolicismo, a quienes robaron los bebés, a quienes hicieron su fortuna con el apoyo de la sangrienta dictadura… y todo eso llevarlo a una Constitución, la de 1978.

Así, aun teniendo todo a su favor, el control total del aparato del Estado y de los medios de comunicación, necesitaban artimañas para evitar un susto, y de no ser por ellas hubieran perdido las elecciones.

Todo esto se desentraña en el siguiente artículo de Jesús María Pérez que, publicado hace unos años en nuestra revista Nuevo Claridad, hemos rescatado para dar una visión marxista, lejos de las justificaciones leguleyas que pretenden algunos dirigentes de la izquierda, y poner de manifiesto los errores que aún pagamos y de los que debemos aprender para no repetir jamás.

 

Junio de 1977

Las elecciones que la izquierda pudo ganar

Jesús María Pérez

 

La muerte del dictador —Franco— en noviembre de 1975 abre el período político conocido como «La Transición» que, en sus aspectos fundamentales, dura hasta la celebración de las elecciones generales, en junio del 77. La transición aún da algunos coletazos hasta 1978, pero se puede dar por culminada con la aprobación de la nueva Constitución en diciembre de ese mismo año.

Las elecciones del 77 eran las primeras desde el fin de la II República y la guerra civil española. Cuarenta y un años habían transcurrido desde la anterior cita electoral. Dos generaciones de españoles vivieron la mayor parte de sus vidas bajo un régimen dictatorial.

La experiencia fue frustrante para todos aquellos que habían participado en la lucha contra el franquismo. El pucherazo en las elecciones impidió el triunfo de la izquierda.

Dicho período de transición política se caracterizó por el impresionante ascenso de la lucha de la clase trabajadora en defensa de sus derechos laborales, sindicales y políticos. Esta lucha que venía desarrollándose desde los años 50 fue, poco a poco, extendiéndose en los años 60 y principios de los 70. Pero es en 1976 cuando su generalización le da un carácter auténticamente pre-revolucionario. Mientras en 1975 se perdieron algo más de 10 millones de jornadas de trabajo por huelgas, en el 76 esta cifra se dispara hasta los 110 millones de jornadas perdidas por huelgas (Fina y Hawkesworth 1984).

La clase trabajadora quería acabar cuanto antes con las condiciones de vida y de trabajo a las que le había condenado el franquismo, y su lucha, no sólo se hacía cada vez más extensa y dura, sino que también se hacía cada día más política. Su empuje debilitó al régimen del yugo y las flechas hasta hacerlo inservible para la burguesía española. La represión no era capaz de frenar el avance del movimiento obrero y de la izquierda. Mantener a ultranza la dictadura significaba ir hacia un enfrentamiento directo y total con la mayoría de la sociedad.

En ese contexto ,la división en la clase dominante se agudiza. Los «ultras» pretenden mantener las instituciones franquistas por encima de todo, alegando que si cedían en algo «se rompería la presa» y serían desbordados por los acontecimientos. Y por otra parte, los llamados «reformadores» plantean que si no ceden en algo, aunque sólo sea en las formas, la presión social y política puede, no sólo desbordar el marco político dictatorial, sino que la avalancha puede poner en peligro la supervivencia del propio sistema capitalista. Ambos comprendían que la amenaza revolucionaria estaba llamando a sus puertas, pero unos confiaban en la fuerza para frenarla mientras los otros comprendieron que tenían que renunciar a la dictadura para mantener lo fundamental; sus privilegios emanados de la propiedad privada de los medios de producción.

En este proceso hay un período clave que es el que va desde finales de 1976, cuando se aprueba en Las Cortes franquistas el referéndum sobre la Reforma Política celebrado en diciembre, y las elecciones de junio del 77. Es un período durante el cual la monarquía de Juan Carlos sólo tenía la legitimidad de ser el heredero nombrado por el dictador Franco.

Tras el fracaso del anterior presidente del Consejo de Ministros —Arias Navarro—, porque su reforma consistía en no cambiar absolutamente nada, el rey nombra como nuevo presidente a Suárez que a su vez era ex-Jefe del Movimiento Nacional; un fascista de toda la vida.

La habilidad de Suárez es entender que había llegado el momento de realizar una reforma desde arriba, desde el poder, para evitar la revolución «de los de abajo».

Suárez propone la celebración de elecciones a mediados del 77 para elegir unas Cortes Constituyentes que sean las encargadas de redactar una nueva Constitución. En septiembre del 76 presentó su proyecto a un grupo de oficiales de alta graduación y les pidió su apoyo patriótico. Sus planes fueron aceptados pues garantizaban que la derecha iba a amañar las elecciones a base de trucos y a controlar la redacción de la nueva Constitución, aunque con reticencias sobre todo hacia «los comunistas», por lo que le arrancaron la promesa de que el PCE no sería legalizado, debiendo ser excluido de cualquier futura reforma.

Cuando el 10 de septiembre Suárez presenta el proyecto de Reforma públicamente, el PCE lo denunció como fraude antidemocrático.

El 8 de octubre el proyecto es aprobado por el Consejo Nacional del Movimiento y al mes siguiente se aprueba en la Cortes franquistas con 59 votos en contra. Son los votos del búnker encabezado por Blas Piñar y Girón de Velasco.

El resultado del referéndum el 15 de diciembre del 76 fue un espaldarazo para Suárez. A pesar del llamamiento a la abstención de los partidos obreros en la oposición hubo una alta participación con el 77,7% del electorado. PSOE y PCE no se atrevieron a pedir el voto NO a la Reforma Política de Suárez con la excusa de que la ultraderecha hacía campaña por el NO. Lo cierto es que la oposición de las direcciones del PSOE y del PCE fue tibia y escasa. Tan sólo las Juventudes Socialistas hicieron una campaña fuerte en la calle. El problema de fondo es que los dirigentes en realidad aceptaban la Reforma y todas sus maniobras sucias. Eso es lo que permitió a Suárez aparecer como el defensor del cambio político, y de ser el único capaz de encabezar el fin de la dictadura. Obtuvo el voto favorable del 94% de los votos emitidos. La ambigüedad de la postura de los dirigentes de las organizaciones obreras, que oponiéndose a la Reforma no daban otra alternativa, dio la iniciativa a Suárez. Ese fue uno de los momentos decisivos porque sólo había dos vías: La de Vitoria del 76, es decir, la de la lucha contra la dictadura, y sus herederos, basada en la fuerza y en la disposición a la lucha de la clase trabajadora. Los sindicatos llegaron a tener 4 millones de afiliados poco tiempo después de su legalización.

O, por el contrario, la de subordinarse a las maniobras de Suárez, alabarle como «demócrata», y permitir que ganase las elecciones bajo la teoría de que le correspondía a «la burguesía democrática»(cosa que no existía) implantar un régimen de democracia burguesa, desarrollar económicamente y en líneas capitalistas el país, y sólo después, no se sabe exactamente cuanto tiempo después, nos podríamos plantear los trabajadores la lucha por el socialismo.

Los dirigentes eligieron la segunda. En realidad ,la dirección del PCE ya defendía esa política desde que en los años 50 lanzó el Pacto por la Libertad y la teoría de la Reconciliación Nacional. Sin embargo, el PSOE tuvo que sufrir una transformación interna total durante la transición hasta que su dirección abraza e impone en el partido la misma política de «colaboración con la burguesía».

 

Maniobras y trucos

El carácter de la Reforma Política era profundamente reaccionario, respaldado además por la Ley Electoral que aprobó el Gobierno Suárez en marzo del 77. Su finalidad era tratar de garantizar por todos los medios que la derecha conservase el poder político. De hecho las elecciones del 77 no pueden calificarse de democráticas. Utilizaron todo tipo de maniobras, trucos y controles para evitar el triunfo de la izquierda.

Para empezar se estableció la constitución de dos cámaras parlamentarias en vez de una sola —Congreso y Senado— al estilo británico con la Cámara de los Comunes cuyos diputados son elegidos en las elecciones, y la Cámara de los Lores, cuyos miembros lo son en función de poseer un título nobiliario otorgado por herencia o por la monarquía.

¿Por qué y para qué dos cámaras? Era una especie de seguro. Si en el peor de los casos ganaba la izquierda las elecciones había que asegurar una segunda cámara que filtrase todo lo que pudiese aprobar el Congreso. En otras palabras un seguro contra cualquier intento de acabar con los privilegios de los empresarios y de las altas capas de la burocracia estatal a través del Parlamento.

Con ese fin se reservó el derecho (más bien privilegio medieval) al rey para designar a dedo nada menos que a 41 senadores. Estos senadores, denominados «de designación real», o también los 41 de la Zarzuela, eran otra de las herencias del franquismo. Esta medida totalmente antidemocrática era una copia de lo que sucedía bajo la dictadura en la que Franco designaba, también a dedo, a los llamados «40 de Ayete», que eran los miembros del Consejo Nacional fascista. Incluso se llegó a dar la circunstancia de que tres de los senadores nombrados por Juan Carlos a su vez habían sentado sus reales en el Consejo Nacional franquista.

De esta forma se garantizaba la mayoría de la derecha en el Senado pasase lo que pasase en las elecciones.

Para dar una simple muestra de lo que suponía esta maniobra, mientras el rey, un sólo voto, nombraba a 40, senadores en una circunscripción como la de Barcelona cada uno de los 4 senadores elegidos necesitó nada menos que 1.135.000 votos. Cada senador que designó el rey tenía igual valor que la opinión de más de un millón de personas. Pero además eso se multiplicó por 40.

La ecuanimidad de «su alteza» quedó en evidencia con los nombramientos. Entre los 41 no había ni un solo representante de la clase trabajadora. Más de la mitad estaban estrechamente ligados a la banca y a las grandes empresas. El Banco Central, el Urquijo, el Exterior, el de Fomento, el de España, el Industrial de Catalunya, la Confederación de las Cajas de Ahorro…, todos tenían representantes entre esos 41 «reales». Grandes empresas como Asland, Compañía Española de Petróleos (Cepsa), Andaluza de Piritas, Uninsa, Acerinox, Intelsa, Ericson, Ford, Campsa, Telefónica…, también tenían los suyos. Igualmente gozaron del mismo privilegio las grandes empresas periodísticas; Prensa Española SA (Editora del ABC), Editorial Católica (Ya, Cadena Cope…), o PRISA (Editora de El País)…

La mayoría de los 41 procedían de las instituciones del régimen franquista: del Movimiento Nacional, del SEU (Sindicato de Estudiantes Universitarios -fascistas-), del Sindicato Vertical, del Tribunal Supremo, del Ejército (Generales del Ejército franquista)…

Seis de los ministros de Suárez tras las elecciones del 77 eran parte de los «41».

Es decir todos los sectores de la burguesía estaban representados en el Senado, no porque fuesen democráticamente elegidos, sino porque se pusieron ellos mismos amparándose bajo el manto real.

El velo con el que se trató de disimular tan sucia y reaccionaria maniobra fue incluir algunos intelectuales «independientes» (como Camilo José Cela) y dos «supuestos republicanos».

Fue significativa, por ejemplo, la designación de Arespacochaga como senador real. Era alcalde de Madrid, cargo para el que había sido designado a dedo por Fraga cuando éste era ministro de la Gobernación (Interior bajo el franquismo).

Arespacochaga era un dirigente de Alianza Popular, formación política que por su identificación con el pasado cosechó un escasísimo respaldo en el electorado madrileño. En aquellos momentos él y su partido gozaban de un amplio rechazo entre la población como quedó patente en las elecciones y en las manifestaciones diarias que se sucedían pidiendo su dimisión. A pesar de todo el rey le concedió su apoyo incondicional nombrándole entre los 41.

Pero éstas no fueron las únicas maniobras para impedir el triunfo de la izquierda en las elecciones del 77. Otra de las peores fue la Ley Electoral que el Gobierno de Suárez aprobó en marzo del 77.

Esta ley consagró dos sistemas electorales distintos y paralelos. Por un lado, se establece un sistema de representación proporcional para el Congreso, y por otro, un sistema mayoritario para el Senado. Por si lo de los «41 reales» no es suficiente, se eligen 4 senadores por circunscripción provincial sea cual sea la población. De esa forma en provincias como Madrid o Barcelona, precisamente en las que se da una mayor concentración de trabajadores, con censos cercanos a los 4 millones de electores, eligen los mismos senadores que otras como Soria que no llega ni a los cien mil. Se intenta primar descaradamente el voto rural, el voto de las zonas más atrasadas políticamente, y al tiempo, minimizar el voto de aquellos sectores que más han luchado por conquistar las libertades democráticas. Mientras en las zonas rurales se elegía un senador por cada 20-60.000 votantes en las zonas industriales solo se elegía un senador por cada 200-600.000 electores. La burguesía quería garantizar la mayoría en el Senado como fuera.

Pero la representación proporcional para el Congreso tampoco se respeta. Se corrige y limita a través de un sistema de adjudicación de escaños poco democrático conocido como la Ley D´Hont. En esencia este sistema consiste en que prima a los dos primeros partidos en cada circunscripción electoral, sobre todo al primer clasificado, y penaliza a los terceros. Así es como la UCD consiguió en el 77 una prima electoral sobre el censo del 12,8%, lo que le supuso tener 45 diputados más; con un 35% del voto válido obtuvo sin embargo una posición cercana a la mayoría absoluta en escaños (166 de los 176 necesarios).

Mientras la UCD tan solo necesitó 38.000 votos como media para obtener sus diputados, y el PSOE 45.000, sin embargo al PCE cada diputado le “costó” cerca de 86.000 votos, casi tres veces más que a la UCD.

La proporcionalidad también se limitó de otras formas. Se exigió llegar al 3% como mínimo en cada circunscripción para poder acceder al reparto de los escaños. De esa forma, y en concreto en el 77, quedaron excluidas candidaturas de partidos de izquierdas que en algún caso rozaron el 3%. Debido a ese sistema muchos votos de la izquierda se perdieron y fomentó lo que luego se dio en llamar el «voto útil».

Además de por lo ya indicado el carácter del voto fue discriminatorio y desigual pues la atribución de escaños por circunscripción para el Congreso fue arbitraria, aunque se tomara como base el tamaño de la población.

Pero quizá una de las maniobras más claras, más sucias y que tuvo mayores efectos en los resultados, fue la negación del derecho al voto a dos sectores claves: La juventud y los emigrantes. Legalmente la mayoría de edad y el reconocimiento del derecho al voto van unidos. Bajo la dictadura la mayoría de edad civil no estaba reconocida hasta los 21 años. Sin embargo la mayoría de edad penal se reconocía a los 18 años. Este doble rasero con la juventud demuestra lo mucho que la dictadura temía a los jóvenes. No teníamos derechos pero sí podíamos ser «castigados». Suárez y compañía se negaron a rebajar esta cifra a los 18 años a pesar de las muchas movilizaciones que hubo exigiéndolo. Eran conscientes de que los más de 2 millones de jóvenes que tenían entonces entre 18 y 21 años votarían por partidos de la izquierda. Por eso, fueron excluidos.

Algo similar ocurría con el millón de emigrantes que había fuera del país que también fueron excluidos al no arbitrarse medidas para que pudiesen emitir su voto, debido al lógico temor de la burguesía de que su voto también fuese mayoritariamente hacia la izquierda.

Y por último, en esta larga lista de limitaciones «legales» a los derechos democráticos —llamada Reforma Política— y que ensuciaron las primeras elecciones, está la exclusión de algunos partidos de la izquierda que aún no habían sido legalizados. No es que este factor hubiese cambiado mucho las cosas, a diferencia de los mencionados anteriormente, que sí tuvieron una influencia decisiva en los resultados, pero sí era demostrativo del talante de los que entonces estaban al frente de las instituciones del Estado.

 

Aspiraciones de la burguesía

La aspiración de la burguesía española a través de la Reforma Política (con sus maniobras como la designación real de los 41 senadores), la creación de la nada de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez y una Ley electoral discrimitatoria y antidemocrática, era la de obtener la mayoría absoluta en ambas cámaras, o al menos una fuerte mayoría para asentar un Estado fuerte de tipo bonapartista con un Suárez y un Centro balanceándose entre los «extremismos de uno y otro signo». Pretendían tener el control absoluto del Congreso y del Senado, con el respaldo de la monarquía, la policía y el ejército. Cómo veremos más adelante el plan no les salió mal, pero no fue gracias a la perfección de dichos planes, sino a que éstos fueron aceptados por las direcciones de las organizaciones obreras después de haberlos tildado de «fraude antidemocrático».

En una entrevista en la revista alemana Der Spiegel, en mayo de 1977, Suárez declaraba:

«Spiegel: ¿Cambiará o desmontará usted el aparato policial del antiguo régimen?

Suárez: De ninguna manera. Pienso más en un acoplamiento de las fuerzas de seguridad a una nueva realidad política y social».

La llamada burguesía «reformista» sólo estaba dispuesta a cambiar la forma de la dominación de la sociedad. «De ninguna manera» estaba dispuesta a renunciar a la dominación.

 

Análisis de las elecciones

Lo primero a destacar respecto a los resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977 es la alta participación electoral. Fue, junto con las elecciones del 82, la convocatoria con una mayor participación. Un 79,11% del electorado acudió a las urnas. El dato demuestra la enorme importancia que estos comicios tuvieron para el conjunto de la población, a pesar de todas las manipulaciones que sembraban la desconfianza al ser unas elecciones convocadas desde el viejo aparato estatal franquista sin ninguna garantía de limpieza.

No podemos olvidar que la matanza de Atocha se produce cinco meses antes de las elecciones, o que en la Semana por la Amnistía se producen siete muertos en Euskadi como consecuencia de la represión policial. En este caso tan sólo un mes antes, prácticamente en precampaña electoral.

La burguesía, UCD y Suárez recurrieron a todo para frenar el avance de las organizaciones de la izquierda. También a la intervención de los altos cargos de la Iglesia. El 13 de mayo, en plena precampaña electoral, el episcopado español sacó un documento, publicado en El País, en el que después de afirmar con la boca pequeña que «el cristianismo es libre para elegir entre los diversos partidos» excluye, sin embargo, a cualquier partido que apoye la legalización del divorcio y del aborto, cualquier partido que propugne la estatalización de la enseñanza… Fue una ingerencia descarada, dictando a sus fieles que tenían que votar a «cualquiera», menos a la izquierda, pues todo el mundo sabía que eran precisamente el PSOE y el PCE (y otros partidos de la izquierda) quienes defendían esas reivindicaciones.

La jerarquía eclesiástica fue más activa aún. Presionó todo lo que pudo a las parroquias y otros centros que estaban bajo su dominio para impedir la utilización de sus muchos locales para actos electorales bajo el velo de la imparcialidad. El problema es que esta medida también iba dirigida contra la izquierda. En los últimos años de clandestinidad las organizaciones obreras se habían tenido que reunir en locales de la Iglesia, no había otros. En la campaña electoral del 77 no había subvenciones, ni grandes créditos de la banca para los partidos de la izquierda, a diferencia de la situación económica de la que gozaban todos los partidos y sectas de la derecha.

La UCD no era en realidad un partido, era un conglomerado amorfo y de urgencia. La situación de la burguesía era muy débil en el terreno político y como reflejo proliferaron las formaciones políticas de todo tipo: desde las fascistas que querían mantener la dictadura a toda costa, a los demócrata-cristianos que fueron destrozados en las urnas, a los liberales, conservadores, «reformistas», «socialdemócratas»… todos «demócratas de toda la vida» con un largo historial al servicio del franquismo… La UCD era una Federación de partidos que se basó en el control de los resortes del aparato del estado para ganar las elecciones.

No llegó, a pesar de todas sus maniobras y trucos ni al 35%, quedando el PSOE a tan sólo cinco puntos. De hecho se puede decir que ya en las elecciones del 77 el PSOE sale como el primer partido en el conjunto del Estado, pues la UCD, aunque gana, es en realidad una alianza electoral de una federación de partidos que sólo unía, como se pudo comprobar en el 82, el ejercicio y el control del poder. En cuanto ese pegamento desapareció, desapareció la UCD.

La UCD sólo ganó de forma clara en Galicia, Castilla la Vieja (hoy Castilla-León, Cantabria y La Rioja), Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura. Es decir en general allí donde predominaba el campesinado y el peso industrial era bajo, y en algunos casos el caciquismo aún vivo, ensombrece el resultado electoral (como era el caso de Galicia o Extremadura).

 

PSOE y PCE

El PSOE obtiene el 29,3% de los votos alcanzando los 5,3 millones de votos. Se queda un millón de votos por detrás de la UCD. El partido socialista no obtiene escaño en tan solo tres provincias, aunque en una, que es Ávila, consigue un senador. Desgranando el resultado global se observa nítidamente cómo el PSOE vence en los centros industriales y, en general, en las grandes ciudades (Asturias, Barcelona, Sevilla, Madrid, Vizcaya, Valencia, Alicante, Guipúzcoa…) allí donde están los sectores más vivos y más conscientes, así como con mayor tradición de lucha de la clase trabajadora. Por Comunidades Autónomas (entonces regiones) el PSOE es el primer partido en Asturias, Catalunya, Comunidad Valenciana, y en Euskadi (incluyendo a Navarra). En otras, como Madrid y Murcia, la izquierda suma más votos que UCD (En el caso de Madrid la izquierda tiene más votos que UCD y AP juntos).

En algunas zonas, como por ejemplo en Barcelona, la victoria de la izquierda es aplastante. Sumando los sufragios obtenidos por el PSC-PSOE y el PSUC (el PC en Catalunya) alcanzan casi cuatro veces más que la UCD. Desde el primer momento se comprueba que uno de los puntos más débiles de la burguesía española eran las «zonas periféricas».

Pero en el centro también tenían graves problemas. En Madrid, la izquierda recoge 200.000 votos más que la derecha. Tiene el 53% de los votos frente al 47% de la derecha. (Para entender mejor el papel desempeñado por el PSOE así como la transformación que experimenta en esos años ver números de Nuevo Claridad 13, 14 y 15: Historia del PSOE por Mikel Septién).

El PCE a pesar de constituirse como tercera fuerza electoral con un millón setecientos mil votos, un 9,3%, y 20 diputados, sin embargo puede decirse que cosecha su mayor fracaso político. La militancia vive estos resultados como una auténtica derrota que adquiere sus tintes más dramáticos en casos como el de Euskadi, donde el PCE no obtiene ni un sólo diputado, o el de Asturias, donde se esperaba superar ampliamente al PSOE, y tan sólo fue elegida “La Pasionaria”. La dirección del PCE tenía la perspectiva de competir a un nivel similar, o incluso superior, que el PSOE por el voto de la izquierda. Es cierto que el PCE era la organización de la clase trabajadora en la lucha clandestina contra la dictadura. Era la organización con mayor tradición de lucha. La que tenía más cuadros políticos y sindicales. La que había sufrido más las consecuencias de la represión. La que tenía una mayor y más abnegada militancia. Y también es cierto que todo eso le permitía disfrutar de un gran prestigio y autoridad entre los sectores más combativos de la clase obrera. Sin embargo el PCE pagó cara su política de colaboración con la burguesía y con el Gobierno Suárez y su vinculación con el estalinismo. En los meses que duró la transición la política de la dirección del PCE fue más moderada y conciliadora que la del propio PSOE. No hay que olvidar que el PSOE de aquella época tenía poco que ver con el de hoy. No sólo la mayor parte de su afiliación eran trabajadores y jóvenes que sinceramente luchaban por el socialismo, sino que eso tenía reflejo incluso en los congresos. En el XXVII Congreso celebrado en 1976 se aprueban entre otros puntos los siguientes: La jornada laboral de 40 horas semanales (entonces la jornada legal eran 48 h.); la enseñanza pública, gratuita y obligatoria, la nacionalización de la banca, el derecho a la autodeterminación de los pueblos ibéricos… Las Juventudes Socialistas defendían un programa marxista para hacer la revolución. La UGT se opuso al Pacto de la Moncloa. Son ejemplos de que en el movimiento socialista había más debate político, y era más abierto, que en el PCE y sus organizaciones afines.

También es cierto, y es una de las razones que explican que la izquierda no ganase en esas elecciones, que la dirección del PSOE, cuando llegó la campaña electoral, metió el programa aprobado en el Congreso en un cajón de la mesa y sin consultar con nadie se sacó de la manga un programa electoral que nada tenía que ver con lo aprobado por el máximo órgano del Partido Socialista.

Por su parte, muchos de los dirigentes del PCE, cuando cosecharon unos resultados que no esperaban, culparon a la inmadurez política de los trabajadores. Pero fue la orientación política que marcó el Comité Central del PCE la responsable fundamental de su propio fracaso. Concesión tras concesión para ser legalizados antes de las elecciones del 15 de junio, hasta el punto que sus militantes ya no sabían por qué luchaban. Que si se aceptaba la monarquía, el compromiso de un pacto social, la bandera (que entonces era la nacional-fascista)… El CC en pleno se hizo la foto con la bandera nacional presidiendo la reunión para convencer a la burguesía de que habían aceptado las condiciones que impuso Suárez para legalizar al Partido Comunista. La continuación de la política de alianza con los llamados sectores progresistas de la burguesía que se había iniciado con las «platajuntas» que el PSOE y el PCE habían formado con los democrata-cristianos y otros personajes burgueses, y que se mantenía bajo la orientación de hacer distinciones falsas entre el capitalista «bueno» —Suárez— y los «malos» —Fraga y los fascistas—, dio a Suárez el carné de demócrata ante las masas. Carrillo decía en la campaña electoral que «cada voto vale, si no es un voto a Alianza Popular». La dirección del PCE llegó a pedir a sus militantes que aplaudiesen a los «grises» cuanto reprimían para así «ganarles para la democracia».

 

El “voto del miedo”

El Centro se basaba en las aspiraciones democráticas de los sectores más atrasados de la población que querían un cambio, querían que acabara la dictadura, pero tenían miedo a todo; miedo a que siguiese la dictadura; miedo a que si ganaba la izquierda hubiese un golpe de los militares y volviese la dictadura pero peor. UCD se basaba en la idea de «un cambio, pero sin traumas». Esta idea pudo calar entre amplios sectores de las capas medias y sectores atrasados de la clase trabajadora sólo gracias a la política de los dirigentes obreros respaldando a Suárez y llegando a acuerdos con sus gobiernos. El voto de UCD fue el voto del miedo que no se combatió desde la izquierda denunciando el carácter de clase y la farsa que era el Centro. Utilizando una demagogia sin escrúpulos, los dirigentes del centro, ayudados por la política de los dirigentes de la izquierda, crearon la ilusión de que ellos representaban la democracia.

La experiencia de cinco años de gobiernos de UCD, hizo lo que no fueron capaces de hacer los dirigentes de la izquierda, desenmascararles, y del poder pasaron a la práctica desaparición.

Como una prueba de hasta qué punto las direcciones de las organizaciones obreras renunciaron a la vía de la lucha fue como la dirección de CCOO se negó a apoyar, incluso trató de desconvocar, la semana de lucha por la amnistía en Euskadi en plena precampaña electoral.

Uno de los datos más significativos de estas elecciones y que revela la profunda debilidad de la burguesía fue la derrota y el fracaso total de Alianza Popular. La burguesía esperaba que los dos primeros partidos hubiesen sido UCD y AP para garantizar el control de la situación. Fraga, de hecho, esperaba ganar y gobernar él durante 5 ó 10 años antes de que la alternativa socialdemócrata estuviese en condiciones de ganar unas elecciones. Pero su identificación por parte de las masas con el régimen franquista demostró claramente lo que la aplastante mayoría de la población no quería: Dar continuidad al pasado.

En el mismo sentido se puede analizar el voto fascista. Fue aplastado, ridiculizado. Fuerza Nueva obtuvo el 0,3% de los votos. El rechazo fue absoluto. Carecía de base social y puso de manifiesto hasta qué punto fue incorrecta la política de la dirección del PCE que se dedicó toda la campaña a combatir «el peligro del fascismo». Dedicaron todas sus energías a luchar contra un «fantasma» mientras permitían que el enemigo principal en aquel momento, UCD, se cubriese de una aureola «democrática y reformista».

También el fracaso de los Demócrata-Cristianos, que se quedaron en el 1,3%, demostró que no representaban a nadie y que la otra pata en la que se asentaba la política de los dirigentes de la izquierda, la alianza con los sectores «progresistas» de la burguesía, era una alianza con «nadie» que sólo sirvió de excusa para renunciar a lo fundamental de su programa.

A estas elecciones también se presentó el Partido Socialista Popular (PSP) encabezado por Tierno Galván. Obtuvo más de 800.000 votos, un 4,4%, y 6 asientos en el Congreso.

 

La izquierda pudo ganar

Sumando los votos del PSOE, PCE y PSP rebasan ampliamente los obtenidos por la UCD: casi 8 millones de votos frente a los 6,3 de los centristas. Es cierto que la UCD se podría haber aliado con AP para gobernar, pero si hubiesen hecho eso se abría caído inmediatamente su velo «reformista». Además, si los tres partidos principales de la izquierda en aquel momento van juntos a las elecciones en una coalición electoral, no sólo hubiesen ganado las elecciones, lo más probable es que hubiesen sacado mayoría absoluta. Si la UCD con un 35% de los votos, gracias a la Ley electoral estuvo rozando la mayoría absoluta en el Congreso, una coalición de la izquierda con el 45% de los votos la habría rebasado ampliamente. Y la historia hubiese sido muy diferente.

Felipe González estaba dispuesto a ir a las elecciones incluso en el supuesto de que el PCE no fuese legalizado. Lo cierto es que se frotaba las manos pensando en aplastar al PCE y quedar el PSOE como el único partido de la izquierda. Tenía un interés burocrático en aceptar las maniobras de la Reforma de Suárez.

La dirección del PCE por su parte optó en vez de luchar contra todo eso por demostrar ante la burguesía que era aún más respetable que el PSOE. Cuando, después de las elecciones, a los pocos días de la toma de posesión de Suárez el ejecutivo decide devaluar la peseta un 20% (medida que supuso un enorme castigo para los bolsillos de las familias obreras), Carrillo declara: «Las medidas económicas del Gobierno son en buena parte positivas, pero incompletas». Poco tiempo después se firmó el Pacto de la Moncloa por el que se imponía el despido libre de hasta el 5% de las plantillas y un tope salarial del 20-22% cuando la inflación alcanzaba 10 puntos más. Carrillo de nuevo aconsejaba a los trabajadores aceptar el despido y una reducción salarial «porque con estas medidas en 18 meses se superará la crisis económica». CCOO y el PSOE apoyaron el pacto.

La izquierda renunció a ganar las elecciones de junio del 77. Recordemos que con no haber aceptado tan sólo la negativa del derecho al voto a los jóvenes de 18 a 21 años y a los emigrantes la izquierda pudo haber ganado. Que incluso sin haber conseguido esto, una coalición de la izquierda, como de hecho hizo la derecha coaligando sus partidillos en UCD, también hubiese ganado.

La derrota electoral tuvo un precio para el movimiento obrero. Cundió la desmoralización: «Tanta lucha, tanto sacrificio, tantos muertos, ¿para qué? Al final siguen los mismos perros con distintos collares». Se dio un proceso de profundo reflujo de las luchas y un retroceso de la partición activa de los trabajadores en su organizaciones que permitió a los dirigentes más derechistas de las organizaciones obreras hacerse con su control.

 

El PSOE «se transforma» y el PCE empieza su larga crisis

En el PSOE se da un proceso de purgas interno a partir del 76-77 que empieza en las JJSS pero continúa en el PSOE e incluso en la UGT. Se persigue y expulsa a toda la corriente marxista y después a todo aquel que no acepta «disciplinadamente» lo que haga y diga la dirección. Son las primeras purgas necesarias para adaptarse a la legalidad burguesa. Nuevo Claridad participa activamente en el congreso de 1976 defendiendo las tesis marxistas. Se va produciendo un cambio interno en el partido que culmina el 1979 en el Congreso en el que la izquierda encabezada por Gómez Llorente, Bustelo, Castellano, Tierno,… tiene mayoría pero no tienen valor para dirigir el partido. La izquierda del partido se asusta ante las consecuencias de una dirección y un partido «de izquierdas» y entregan la dirección a la derecha a pesar de estar en mayoría. Felipe González dimite y el congreso acaba sin elegir dirección. Una gestora se encarga de convocar un nuevo congreso pero con un cambio sustancial en la forma de elegirse los delegados. Cada delegado ya no tendrá un voto, sino que tan sólo tendrá ese derecho un cabeza de delegación por cada región. La derecha no se hace con el control del PSOE de forma democrática. Tiene que recurrir a un auténtico «golpe de estado» para adueñarse totalmente del partido. Hasta entonces la militancia del PSOE era de izquierdas, no como hoy que en el congreso que se celebra este año el 65% de los delegados son cargos públicos.

El PCE por su parte tras una muy pequeña subida en las elecciones del 79 sufre la hecatombe en el 82 perdiendo más de la mitad de sus votos, quedándose en un 4% y con 4 diputados. Es la expresión brutal de una crisis que lleva al PCE de escisión en escisión hasta la formación de IU y la vuelta a comenzar un lento proceso de recuperación.

El problema más preocupante para la izquierda es que ni la dirección del PCE, ni, por supuesto, la del PSOE, han sido capaces de hacer un balance autocrítico de su actuación en ese período tan decisivo para el movimiento obrero como fue La Transición.

Aún no han comprendido que la alternativa en aquellos momentos no era Elecciones o Revolución. Se podía haber llevado a cabo la transformación socialista de la sociedad apoyándose en las elecciones. Una victoria de la izquierda cuando el movimiento obrero estaba en su apogeo hubiese cambiado la historia de los últimos 20 años. Pero para eso los dirigentes del PCE y del PSOE en vez de encomendar la democracia a Suárez y al rey, debían haber estado dispuestos a llevar a la clase obrera a la victoria.